La justicia no puede depender de quién tiene más poder, recursos o influencia. En Honduras, los recientes desalojos de comunidades garífunas y campesinas han reavivado una pregunta esencial ¿La ley se aplica con la misma fuerza a todos?
Contexto
Monseñor Jenry Ruiz, Obispo de la diócesis de Trujillo cuestionó los desalojos ejecutados en San Juan, Tela, y Tulito, Choluteca. Preguntó ¿Cuándo se ordenará el desalojo de Próspera en Roatán y de Pinares Ecotek en Tocoa?, ¿Cuándo llegará la justicia por el caso Pandora? sus interrogantes apuntan a una preocupación mayor: que la justicia pueda actuar con distinta intensidad según quién esté frente a ella.
El abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía, considera que la ley de protección agroindustrial favorece a sectores relacionados con el poder económico y genera preocupaciones constitucionales. Señala que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que la Constitución ordena impulsar una reforma agraria integral. También cuestiona disposiciones que pueden afectar la independencia judicial.
Realidad
Wendy Cruz Sánchez, representante de La Vía Campesina, sostiene que los desalojos violentos afectan derechos como la alimentación, la vivienda y el acceso a la tierra. Advierte que miles de familias quedan en mayor vulnerabilidad y que los niños también sufren las consecuencias. Cruz cuestiona la falta de confianza de las comunidades en el sistema de justicia y relaciona la problemática de la tierra con la corrupción y la debilidad institucional. Para ella, la seguridad jurídica debe proteger también a quienes cuentan con títulos emitidos dentro de procesos de reforma agraria.
En una posición distinta, José Alberto Chacón, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), defiende la Ley de Protección Agroindustrial. Afirma que está herramienta brinda seguridad jurídica al sector productivo frente a invasiones de fincas que, según explica, estaban en producción de caña, palma, banano y ganadería.
Verdad
Las posiciones muestran que el debate no debe reducirse a escoger entre propietarios y campesinos. Una sociedad necesita instituciones que apliquen la ley con igualdad y resuelvan conflictos sin privilegios.
La Doctrina Social de la Iglesia coloca la dignidad de toda persona en el centro de la vida social. Por eso, una justicia humana debe escuchar a las partes, respetar el debido proceso, investigar con transparencia y evitar que la condición económica determine quién recibe protección.
El reto para Honduras es fortalecer instituciones independientes, respetar la Constitución y cumplir los compromisos internacionales del Estado. La justicia pierde autoridad cuando es percibida como instrumento de unos contra otros, pero recupera legitimidad cuando actúa con imparcialidad.
Conclusión
Las preguntas de Monseñor Jenry Ruiz invitan a una revisión de conciencia colectiva. La justicia debe proteger la propiedad legítima, atender las denuncias de invasión y garantizar los derechos de comunidades indígenas, garífunas y campesinas. No puede existir paz social si una parte siente que la ley no la escucha.
La confianza ciudadana también es decisiva. Las instituciones deben explicar sus decisiones y demostrar que ningún interés particular está por encima de los derechos fundamentales. La transparencia es una forma de justicia social.
Para los cristianos, defender una justicia imparcial es compromiso con la verdad, la dignidad humana y el bien común. No se trata de escoger a quién hacer justicia, sino de construir un país donde todos puedan confiar en ella. Cuando la ley alcanza a débiles y poderosos con la misma medida, se convierte en camino de paz.
