La discusión sobre cómo enfrentar al crimen organizado volvió al centro de la agenda de seguridad en Honduras. El 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró como asociaciones terroristas a las Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo. La medida busca fortalecer la respuesta penal frente a estructuras vinculadas con violencia e intimidación.
Planteamiento
El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, defendió la estrategia como una respuesta para afectar estructuras criminales y no solamente delitos aislados. Afirmó que las operaciones se concentran en capturar cabecillas e integrantes y señaló que otras estructuras podrían ser incluidas cuando cumplan los requisitos. Velásquez también afirmó que los homicidios se habrían reducido a la mitad durante las dos semanas posteriores, una afirmación oficial que requiere seguimiento estadístico antes de atribuir esa variación exclusivamente a la nueva figura jurídica.
Expertos han señalado que endurecer las normas no sustituye la investigación criminal. El abogado Germán Licona plantea fortalecer inteligencia y evidencia, mientras que el analista Kenneth Madrid advierte que las capturas necesitan investigaciones capaces de sostener condenas. El reto es que la acción de seguridad ya produzca casos sólidos ante tribunales y desarticular efectivamente estas estructuras con rigor. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), reconoció la gravedad de la violencia y recordó que el Estado debe proteger a la población, investigar delitos y sancionar responsables respetando los derechos de las víctimas.
Dignidad humana
La Doctrina Social de la Iglesia ofrece un criterio para ampliar la conversación. El Compendio coloca la dignidad de la persona como fundamento de los principios sociales y enseña que el bien común comprende condiciones que permiten una vida verdaderamente humana. El Catecismo de la Iglesia Católica añade que incluye derechos fundamentales, desarrollo social, paz y seguridad dentro de un orden justo. La Iglesia reconoce el deber de la autoridad de proteger a la sociedad y aplicar penas proporcionadas, pero recuerda que la pena debe tener, en lo posible, una finalidad de enmienda.
Juventina Velásquez, miembro de la Pastoral Penitenciaria, considera que llamar terrorista no basta para cambiar las raíces del crimen organizado. Plantea una estrategia integral con medidas sociales y personales, oportunidades de trabajo, rehabilitación y talleres, junto al respeto a la igualdad ante la ley y a la dignidad humana. También recuerda a las familias de las personas privadas de libertad, quienes sufren y necesitan acompañamiento. La pastoral visita a los privados de libertad y sus familias, ofrece acompañamiento emocional y espiritual, lleva un mensaje de fortaleza y propicia el encuentro con Jesús en la Eucaristía.
Integridad
La experiencia de Monseñor Rómulo Emiliani, Obispo emérito de San Pedro Sula, aporta un antecedente hondureño. Durante años de trabajo penitenciario y acercamiento a jóvenes vinculados a pandillas, defendió la rehabilitación y la reinserción. Monseñor Emiliani planteó que la reinserción debía contar con oficio, empleo y seguimiento personal; en 2013 pidió cárceles como centros de rehabilitación y sostuvo que quienes hubieran cometido crímenes debían responder ante la sociedad, sin cerrar la puerta al cambio.
La respuesta integral no convierte las causas sociales en excusas. La pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades pueden aumentar la vulnerabilidad, pero no eliminan la responsabilidad por el daño causado. Una política pública completa debe prevenir esas condiciones y, al mismo tiempo, investigar, juzgar y sancionar los delitos con debido proceso. El Catecismo enseña que la autoridad debe asegurar la seguridad mediante medios honestos y defender el bien común.
La cultura de paz tampoco significa impunidad ni ausencia de autoridad. Para la Iglesia, la paz está vinculada con la justicia, el bien común y un orden social capaz de proteger a las personas. Por ello, el debate no termina en la denominación jurídica: también pregunta por prevención, rehabilitación, familias, víctimas, justicia y oportunidades. La seguridad está llamada a proteger la vida, la dignidad y el bien común y la convivencia para Honduras hoy.