Un millonario fraude en la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate de Covid 19 en Villanueva Cortés, es la causa por la que, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) junto con Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presentaron este día, orden de captura contra cuatro ciudadanos, dos de ellos altos funcionarios de la administración pasada a quienes se les acusa de defraudar las arcas públicas, siendo individualizados estos delitos. Desde tempranas horas, Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, confirmaba dichos requerimientos fiscales.
Los imputados que tienen orden de captura son Gabriel Rubí y Cristian Santeli, quienes fueron ex comisionado y administrador de Copeco respectivamente, Nery Cerrato, ex subsecretario de Salud y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano. Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, explica los delitos por los que se acusa a estos ciudadanos.
Al ex subsecretario de Salud, se le atañe haber alterado documentación y violentar una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días, en conjunto con Rubí y los otros implicados.
A la ATIC, se presentó la representante legal del doctor Cerrato, la abogada Doris Madrid quien visiblemente molesta, denunció que en la captura del doctor Cerrato, ocurrida en Teupasenti, El Paraíso, no se siguió el debido proceso. Según el abogado Abel Orellana, estos casos presentados por el Ministerio Público son puro “show” y los implicados terminarán en sus casas y no capturados, teniendo como base, algunos casos igual de polémicos en un pasado reciente. Con respecto a los demás implicados, se dio a conocer que Rubí se presentará de forma voluntaria, mientras los otros dos están prófugos de la justicia.
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