La actual emergencia sanitaria en el Estado hondureño por COVID-19, ha desencadenado una serie de investigaciones por parte del Ministerio Público (MP), junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por donde han desfilado una serie de figuras públicas, en calidad de testigos e investigados ante las compras irregulares y casos de corrupción señalados desde varios puntos sociales.
Entre las líneas resalta, la compra y venta sobrevalorada de mascarillas, la compra directa de Hospitales móviles y diferentes insumos por parte de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H).
Omar Rivera como secretario ejecutivo de un organismos encargado de veeduría social, ha reaccionado apuntado que la respuesta ha sido favorable por parte del MP, haciendo comparativa con el sonado caso de desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Para miembros de la oposición esto es una simple repetición, una cadena de actos que se han dado en el pasado al interno de la sociedad, según lo reitera Arístides Mejía.
Este día las acciones continuaron por parte de la ATIC, luego de darse a conocer que alrededor de 250 mil pruebas de PCR se dañaron, por lo que ha iniciado el proceso de investigación en empresas que estarían involucradas en dicho acto, considerado como inhumano ya que se estaría jugando con la salud del pueblo hondureño.
