El dictador nicaragüense Daniel Ortega, ordenó la ruptura de relaciones diplomáticas con El Vaticano, luego de darse a conocer unas declaraciones del Papa Francisco, a través de una video entrevista en donde señala que, el mandato del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es “una dictadura grosera, guaranga”. Así se dio a conocer por pare del periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro a través del medio de comunicación CONFIDENCIAL.
“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas” dijo el Papa.
El régimen de Ortega y Murillo le notificó de forma verbal al nuncio apostólico su expulsión de Nicaragua. El sábado 5 de marzo de 2022, la viceministra de relaciones exteriores, Arlette Marenco, le notificó al representante papal que tenía diez días para dejar el país; sin embargo, tras consultas con la Santa Sede, monseñor Sommertag abandonó su misión diplomática al día siguiente por la noche —el domingo 6 de marzo—, sin despedirse de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) o del cuerpo diplomático acreditado en el país.
Fuentes vaticanas confirmaron a la agencia internacional EFE que el régimen orteguista informó a la Santa Sede el cierre de las misiones diplomáticas respectivas: la Nunciatura en Managua y la embajada nicaragüense en la Ciudad del Vaticano.
Nicaragua ingresará además a un reducido grupo de trece países que no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, cuatro de ellos tienen Gobiernos comunistas —Vietnam, Corea del Norte, China y Laos— y ocho son musulmanes —Somalia, Omán, Mauritania, Maldivas, Islas Comores, Brunéi, Afganistán y Arabia Saudí—, el otro es Bután, un reino budista en el sur de Asia.
Con la expulsión del nuncio en 2022, se arreció un periodo de hostilidad, persecución y acoso contra la Iglesia católica en Nicaragua. El Gobierno —a través de su maquinaria represiva, encabezada por la Policía Nacional— ha cerrado emisoras católicas, profanado iglesias, expulsado monjas de la orden Misioneras de la Caridad, prohibido procesiones, encarcelado y condenado a un obispo, desterrado y declarado “apátridas” a ocho sacerdotes.
