Por Marco Cálix
En medio de la convulsa situación política venezolana, en las últimas horas ha comenzado a circular la versión de que el presidente Nicolás Maduro habría sido sacado del poder mediante la aplicación de la Ley RICO de Estados Unidos, un instrumento legal federal diseñado originalmente para combatir el crimen organizado. Aunque esta afirmación no ha sido confirmada oficialmente, ha generado debate por el alcance y las facultades que contempla dicha legislación.
La Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) fue aprobada en 1970 con el objetivo de desmantelar estructuras criminales complejas, como la mafia, permitiendo a las autoridades procesar no solo a individuos por delitos aislados, sino a organizaciones completas que operan bajo un patrón continuo de actividades ilícitas.
¿Por qué se menciona la Ley RICO en el caso Maduro?
Según esta versión no oficial, la clave estaría en que la Ley RICO no requiere una autorización previa del Congreso de Estados Unidos para iniciar acciones judiciales, ya que se trata de una ley federal vigente que puede ser aplicada por el Departamento de Justicia cuando se presume la existencia de una red criminal organizada con impacto en territorio o intereses estadounidenses.
La legislación permite vincular delitos aparentemente no relacionados —como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, conspiración o fraude— bajo un mismo esquema criminal. Además, establece que todos los miembros de una organización pueden ser responsabilizados por los crímenes cometidos por otros integrantes, incluso si no participaron directamente en cada delito.
Alcance internacional y precedentes
Aunque la Ley RICO se ha utilizado principalmente contra mafias, pandillas y empresas corruptas dentro de EE. UU., en las últimas décadas su aplicación se ha extendido a casos de alcance internacional, especialmente cuando existen conexiones financieras, conspirativas o criminales con territorio estadounidense.
En ese contexto, algunos analistas sostienen que un gobierno o red de poder podría ser considerado una “empresa criminal” si se demuestra que opera sistemáticamente mediante delitos continuos, lo que abriría la puerta a acciones judiciales sin necesidad de una declaración de guerra ni una intervención militar formal.
Demandas civiles y sanciones severas
Otro elemento clave de la Ley RICO es que permite demandas civiles, con la posibilidad de imponer indemnizaciones triples, confiscación de bienes y congelamiento de activos, lo que puede debilitar de forma significativa la estructura financiera de una organización señalada.
Una versión que requiere confirmación
Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos ni de organismos internacionales que respalde que la Ley RICO haya sido utilizada directamente para remover a Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, la discusión revela el alcance extraordinario de esta legislación y su potencial uso como herramienta jurídica en escenarios políticos complejos.
Mientras se esclarecen los hechos, el caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de mecanismos legales internacionales para enfrentar gobiernos acusados de corrupción sistemática y crimen organizado.
